Desde la llegada de Rodrigo Paz a la Presidencia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) inició un proceso de reestructuración que derivó en la desvinculación de 410 trabajadores. La estatal explicó que la medida busca optimizar recursos, elevar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia dentro de la institución.
El presidente de la petrolera, Yussef Akly, señaló que varios de los funcionarios separados ya enfrentaban procesos administrativos y judiciales por presuntas irregularidades que habrían afectado las operaciones de la empresa. En algunos casos, dichos trámites ya cuentan con medidas cautelares.
Según la compañía, la decisión también responde a la necesidad de corregir supuestas designaciones irregulares realizadas en la gestión anterior, particularmente en el Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional. La actual administración, junto al área legal, activó procedimientos para anular esos nombramientos y revisar posibles responsabilidades.
El detonante de estos cambios fue la controversia generada por la distribución de gasolina en mal estado, situación que provocó denuncias de conductores por daños mecánicos y bajo rendimiento en sus vehículos. Desde YPFB sostienen que los problemas en la calidad del combustible estarían vinculados a un presunto sabotaje interno orientado a desestabilizar la empresa y al Gobierno.
En paralelo, en la refinería de Palmasola continúan observándose largas filas de camiones cisterna que transportan gasolina y aguardan autorización para descargar. En contraste, los vehículos que trasladan diésel operan con mayor fluidez. Conductores indicaron que el ingreso para descargar gasolina es limitado, lo que genera acumulación en los alrededores.
El Gobierno informó que se iniciaron investigaciones formales y advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables de actos que hayan perjudicado a la población. Entre las acciones adoptadas desde noviembre de 2025 se incluyen el acompañamiento a procesos fiscales por comercialización irregular de combustible, la intervención de distritos comerciales, la revisión de denuncias por boicot interno y el control físico de plantas con apoyo de efectivos militares.
YPFB reiteró que su objetivo es recuperar la confianza ciudadana mediante controles de calidad más estrictos, incorporación de aditivos técnicos y la activación de mecanismos de respaldo para los afectados, medidas que, aseguran, ya están en marcha.
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