El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso la suspensión provisional de la tuición del Gobierno central sobre el registro y la matriculación de abogados en el país. La determinación surge tras la admisión de una acción de inconstitucionalidad abstracta contra la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía y normas relacionadas.
Con esta decisión, los colegios de abogados de los nueve departamentos y el Colegio Nacional de Abogados recuperan temporalmente la facultad de registrar y otorgar matrícula a los nuevos profesionales. En consecuencia, el Sistema de Acceso a la Justicia y Registro Público de la Abogacía dejó de operar desde el 26 de febrero, por lo que los trámites deberán realizarse nuevamente ante las instancias colegiadas.
El recurso fue presentado en octubre de 2025 por el exdiputado José Carlos Gutiérrez, y tras varios meses de análisis, el TCP resolvió admitir la demanda y aplicar una medida cautelar que suspende al menos 15 artículos de la Ley 387, además de decretos reglamentarios vinculados a esa normativa.
Entre los efectos principales del fallo se encuentran la paralización de la administración gubernamental del registro profesional y la suspensión de los tribunales de ética que dependían del entonces Ministerio de Justicia. Estas disposiciones habían sido cuestionadas por presunta vulneración de principios constitucionales relacionados con la independencia y autonomía institucional.
El abogado constitucionalista Israel Quino consideró que la decisión fortalece la institucionalidad del gremio al retirar del ámbito político el control del registro y de los procesos disciplinarios. En la misma línea, el exmagistrado Marco Antonio Baldivieso afirmó que la medida permite a los profesionales del derecho recuperar su autonomía mientras se resuelve el fondo del caso.
La Ley 387 fue promulgada en 2013 durante la gestión del entonces presidente Evo Morales, otorgando al Ministerio de Justicia amplias competencias sobre el registro y la supervisión del ejercicio profesional. Sin embargo, el debate sobre la independencia de los colegios de abogados se remonta a años anteriores, cuando también se cuestionaron intentos de control estatal.
Mientras el TCP analiza la resolución definitiva, la medida cautelar marca un giro relevante en la relación entre el Estado y el gremio jurídico, reabriendo el debate sobre la autonomía profesional y la necesidad de modernizar el sistema de registro en Bolivia.
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