Un total de 29 ciudadanos bolivianos fueron rescatados en Brasil tras ser sometidos a condiciones laborales consideradas análogas a la esclavitud en talleres de costura que producían prendas para marcas comerciales.
Los operativos fueron ejecutados por la Secretaría de Inspección del Trabajo en los municipios de Betim y Contagem, en la región metropolitana de Belo Horizonte, tras denuncias anónimas e investigaciones sobre la cadena de producción.
De acuerdo con los informes, los trabajadores eran reclutados bajo falsas promesas y obligados a cumplir jornadas extensas que podían iniciar a las 6:00 de la mañana y prolongarse hasta la madrugada. En algunos casos, incluso se detectó la participación de menores de edad.
Las inspecciones revelaron que los empleados no contaban con contratos formales ni acceso a derechos básicos como seguridad social o indemnizaciones. Además, recibían pagos por debajo del salario mínimo y bajo un sistema de remuneración por producción, con constantes descuentos que generaban deudas, configurando un esquema de servidumbre.
También se evidenciaron condiciones de vida precarias: hacinamiento, instalaciones eléctricas improvisadas, riesgo de incendios, falta de ventilación y espacios inadecuados para la alimentación. En algunos casos, los trabajadores vivían en los mismos talleres.
Las investigaciones vinculan estos talleres con marcas como Anne Fernandes y Lore, aunque una de las empresas involucradas señaló que se trataba de proveedores independientes y aseguró desconocer las irregularidades.
Las autoridades también identificaron indicios de trata de personas y subcontratación irregular mediante estructuras informales. Según los auditores, este tipo de prácticas refleja un patrón recurrente en la industria textil, donde trabajadores migrantes son expuestos a explotación laboral.
Las empresas implicadas podrían enfrentar sanciones que incluyen multas, indemnizaciones, nulidad de contratos e incluso su inclusión en registros oficiales de empleadores que incurren en este tipo de prácticas.
El caso ha generado preocupación por la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y la necesidad de reforzar los controles en las cadenas de producción para evitar abusos laborales.
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